El Partido Socialista se ganó la antipatía de la mayor parte del electorado y de sus compañeros políticos con la redacción de la ya conocida Ley Sinde. Ahora es el Partido Popular quien la rescata, la modifica y la impone.
La disposición final cuadragésimo tercera de la Ley de Economía Sostenible pretende lograr la regulación de las páginas webs y la propiedad intelectual en el campo de Internet. El reglamento anti-descargas, por tanto, que entrará en vigor en breve es exactamente igual a aquel liderado por la ministra González-Sinde a excepción de que su firma ha sido sustituida por la de José Ignacio Wert, actual ministro de Educación, Cultura y Deportes.
La Ley pretende castigar a los reincidentes pero, sobre todo, a las webs de enlaces. Un modelo óptimo para medios de comunicación, sobre todo aquellos que emiten eventos deportivos, y la industria del cine y de la música. Los encargados de dictaminar la culpabilidad de una persona serán dos comisiones. Una poseerá "las funciones de mediación y arbitraje" y la que tendrá más poder estará formada por seis funcionarios de los ministerios de Presidencia, Economía, Industria y Cultura. Ellos tendrán la última palabra y el poder absoluto.
Sáenz de Santamaría ha afirmado hoy en rueda de prensa que "sólo se va a actuar, y siempre con la correspondiente protección judicial, contra quienes indebidamente se lucran de los derechos de propiedad intelectual de otros" aunque habrá que esperar a la realidad.
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