La rueda de prensa ofrecida por la vicepresidenta y portavoz del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha sido de gran provecho. Ha dado a conocer un decreto-ley según el cual se limitarán las empresas públicas. Para comenzar, de las más de 4000 organizaciones actuales se pasará a unas 3500 y se rebajarán los sueldos directivos entre un 25% y un 35%.
No podrán superar los 105.000 euros anuales de salario fijo los directivos de grandes empresas públicas. 80.000 euros como máximo podrán percibir en las empresas medianas y en las pequeñas 55.000 euros. Al dar a conocer las cifras, Santamaría ha querido señalar que pese a que "son sensiblemente inferiores a los que se manejan en el sector privado para empresas similares (…) son salarios razonables".
También se limitará el número de consejeros de las entidades. Las pequeñas sociedades no podrán tener más de 9, las medianas 12 y las grandes no podrán superar los 15 representantes. Con esta medida, el ejecutivo prevé ahorrar únicamente en dietas alrededor de un millón de euros.
Sin embargo no todo son reformas y austeridad, sobre todo cuando se refiere al salario de los políticos. La vicepresidenta seguirá manteniendo el 80% del sueldo, durante dos años tras la finalización de su mandato, para los ex ministros. Supongo que las medidas de austeridad son más fácil de aplicar a la población que seguirá impasible mientras ellos se llenan los bolsillos.
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