Según los últimos datos arrojados por la Encuesta de Población Activa, 179.000 empleados públicos perdieron su empleo el año pasado. Madrid, Andalucía y Valencia han sido las tres comunidades donde se han ejecutado un mayor número de despidos: unos 97.000.
Está claro que el Gobierno lucha contra de las empresas y los trabajadores públicos. Al PP no le sale rentable tener que administrar organismos como la sanidad y la educación y lo mejor es “externalizar” estos servicios y vivir de las rentas (al menos ellos).
Pero ¿qué sentido tiene privatizar empresas públicas para crear otras nuevas? Pues eso mismo es lo que pretende la ministra Pastor. Crear una sociedad 100% de capital público para obtener las seis autopistas en riesgo de quiebra que ya se han acogido a concurso de acreedores (Madrid R-3, R-5 y R-4, la Cartagena-Vera, la Ocaña-La Roda y la Madrid-Toledo).