Las reformas afectan a todo el mundo. Los próximos en sufrir los “cambios” del Gobierno serán los taxistas de la Comunidad de Madrid. Ana Botella ha dado hoy un comunicado explicando las nuevas normas.
Desde 1980 los taxistas de Madrid deben tener un “certificado de buena conducta” expedido por el Ayuntamiento y no haber delinquido en los dos años anteriores a la adquisición de la licencia si desean ejercer. Y, según el artículo 25c “no padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión, mediante certificado expedido por el Colegio Oficial de Médicos”. Este capítulo impide que enfermos de SIDA, por ejemplo, puedan conducir un taxi en la Capital. Título que a día de hoy sigue vigente.
Con la nueva reforma, además, los nuevos taxistas deberán tener el título de la Enseñanza Secundario Obligatoria (ESO). El problema llega cuando los veteranos taxistas deban renovar su licencia (obligatorio cada cinco años). En este momento a ellos también se les exigirá el título académico. ¿Qué hará un señor de 60 años, padre de familia, sin sus estudios escolares finalizados cuando tenga que renovar su permiso? ¿Tendrá que dejar su medio de vida? ¿Ir a la escuela para adultos en sus ratos libres? La excusa del Ayuntamiento es que desea que los taxistas sean cultos y puedan comunicarse con turistas extranjeros. Pues supongo que Ana Botella no lo sabe porque va a todos los sitios con su coche oficial, aunque no debe, pero conozco más taxistas capaces de comunicarse con cualquier persona en cualquier lengua que graduados en ESO con idiomas.
Otro punto conflictivo tiene que ver con la apariencia física de los trabajadores. La ordenanza del 27 de junio de 1980 especificaba:
Sin embargo, ahora no sólo hay que guardar la compostura sino que se prohíbe “la utilización de prendas y calzado deportivo y de baño, así como los pantalones cortos, camisetas sin mangas y sandalias” y se les obliga a que utilicen calcetines. La multa por desobedecer a la alcaldesa va desde los 300 euros hasta la suspensión de empleo por un máximo de dos semanas.
Sin embargo, ahora no sólo hay que guardar la compostura sino que se prohíbe “la utilización de prendas y calzado deportivo y de baño, así como los pantalones cortos, camisetas sin mangas y sandalias” y se les obliga a que utilicen calcetines. La multa por desobedecer a la alcaldesa va desde los 300 euros hasta la suspensión de empleo por un máximo de dos semanas.
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