miércoles, 13 de febrero de 2013

2013-02-13. Arturo Fernández y la CEOE

Ayer conocimos la noticia de que la Asamblea de Madrid no abrirá un expediente informativo a la empresa propiedad de Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña (CEIM). El empresario, acusado de pagar a sus trabajadores en dinero negro, ha contado con el apoyo de PP y UPyD. Los votos de estos dos partidos han conseguido tumbar la propuesta socialista. 

Luis de Velasco, representante de UPyD, ha querido defender su voto alegando que no existen datos suficientes y guardarán cautela hasta que las informaciones sean “más contundentes”. Por su parte, Iñigo Henríquez de Luna, portavoz del PP, cree que se debe “dejar actuar a las instituciones” y anima a todos los afectados a denunciar. 

Tomás Gómez y la bancada socialista lamentan profusamente el resultado. Si esta votación hubiera resultado favorable se podría abrir un “proceso de estudio y de investigación” que hubiera ayudado a esclarecer las denuncias de “decenas de trabajadores” .

Eddy Sánchez, líder de IU, ha puntualizado que estas prácticas afianzan la “egoísta, abusiva e intolerable conducta como empresario” y que se deberían “depurar responsabilidades y sanciones, si fuera necesario”. 

La CEOE y el propio afectado se han manifestado hoy al respecto durante la Junta Directiva de la patronal. Joan Rosell, actual Presidente, ha informado a los asistentes sobre la situación del vicepresidente y ha afirmado que la organización no va a llevar a cabo ningún tipo de sanción ya que "los 45 miembros del Comité" respaldan a su compañero. Sin embargo, y posteriormente, Arturo Fernández ha tomado la palabra para explicar que se tomará un tiempo de "reflexión" antes de dar a conocer la decisión definitiva. "Reflexionar, es reflexionar, no implica nada más" a matizado cuando se le ha preguntado si sigue a cargo de sus responsabilidades.

Y hoy es curioso el vídeo que hemos podido ver. Refleja a la perfección lo que el Gobierno y la clase política piensan de los ciudadanos. A nadie con poder se le exigen responsabilidades. Ningún empresario, político o monárquico devolverá lo que ha defraudado. Todos roban del mismo saco y se escudan en la misma ley, esa que ellos han creado a su medida. 

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