En los cien días de mandato del Partido Popular, el Gobierno ha puesto en marcha más de doce reformas del Código Penal. No piensen que han endurecido la ley del menor, tan necesaria, o las penas de los banqueros o políticos corruptos. Uno de los cambios que más polémica ha levantado tiene que ver con la desobediencia civil y el fortalecimiento de estas penas.
Estas medidas han cobrado fuerza a raíz de la polémica surgida ante las puertas del Instituto Lluís Vives de Valencia y los altercados de Barcelona que tuvieron lugar el 29 de marzo, día de la convocatoria de la Huelga General (aún a día de hoy permanecen tres chicos encarcelados por participar en los piquetes). A consecuencia de estos actos, el Gobierno cree necesario equiparar la violencia callejera a la legislación antiterrorista.
Pero la nueva Ley no se queda en eso. A partir de ahora, se considerará delito convocar o difundir, a través de cualquier medio, actos que puedan alterar el orden público. Los que incumplan esta normativa se enfrentarán a una pena mínima de dos años de prisión. Es decir, si alguien convoca o difunde una manifestación pacífica y en el acto, por cualquier motivo, acaba habiendo algún incidente esa persona podrá ir a la cárcel. Ilegal también será el organizar o difundir una sentada pacífica que no haya sido autorizada ya que constituirá un atentado contra la Autoridad.
El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha declarado que "es un fenómeno que se ha visto en Barcelona y en otras ciudades españolas, que se está generalizando y que según nuestro punto de vista no tiene en estos momentos una respuesta adecuada desde el orden jurídico". Desde el ejecutivo se espera que esta reforma civil pueda entra en vigor antes de que finalice el 2012.
Si estás a favor de la libertad de expresión y de reunión y en contra de esta reforma firma aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario